Irregularidades presentes del INE deben ser prioridad
La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción consideró que la revisión de irregularidades en el gasto público desde el año 2000 debe tomar en cuenta los plazos de prescripción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que indagará presuntas irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), antes el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), entre 2000 y 2025.
Aunque la expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales señaló que la ASF puede remontarse hasta ese año mediante auditorías forenses, advirtió que una revisión de ese alcance enfrenta el problema de la prescripción.
Las faltas administrativas y los hechos de corrupción tienen una vigencia. Cuando hablamos de faltas administrativas, en muchos casos son tres años; las faltas administrativas graves prescriben en siete”
Explicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Primera Emisión de Imagen Radio.
La exfuncionaria agregó que, en su mayoría, los delitos por hechos de corrupción prescriben después de siete a ocho años. Por ello, cuestionó la eficiencia de realizar dicha investigación.
Irnos hacia el pasado me parece que podría ser ineficiente y estaría gastando recursos que deberían ocuparse para fortalecer al INE”.
Órganos internos de control también deben ser investigados
Pérez Morales sostuvo que las indagatorias también deben concentrarse en las instituciones que pudieron haber omitido investigar o informar a las autoridades.
La omisión también puede considerarse corrupción o un delito”.
En ese sentido, planteó que debe revisarse la actuación del órgano interno de control del INE y determinar si inició oportunamente los procedimientos correspondientes.
Si obstruyeron la justicia para que se investigara o fueron omisos respecto a las investigaciones, entonces también estas personas tendrían una responsabilidad”.
Explicó que estos órganos participan en los comités de contratación y que, además, cuentan con facultades para iniciar investigaciones de oficio cuando conocen posibles irregularidades.
Si se identifican faltas administrativas graves, señaló, deben turnarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y darse vista a la Fiscalía General de la República cuando se trata de grandes sumas de dinero.
La entrevistada advirtió que la posible responsabilidad institucional no se limita a una sola persona.
No es Guadalupe Taddei solamente, sino toda la estructura y todas las instituciones que permiten que la corrupción y las redes criminales florezcan”.
Piden transparentar contratos y responsables
En esta misma línea, la expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción consideró necesario conocer quiénes participaron en los comités de contratación, conformado por otros funcionarios del propio instituto.
En los comités de contrataciones públicas no solo está el órgano interno de control, debieron de estar otros consejeros del INE”.
Entre los casos que destacó, se encuentra el de las credenciales para votar, que calificó como uno de los más escandalosos. Por la participación de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, pero también porque debieron estar involucrados otros consejeros del INE.
Ahí tuvieron que haber estado sí o sí otros consejeros. ¿Quiénes son? Los ciudadanos queremos saber eso”.
Por tal motivo, cuestionó cuál es el propósito de las revisiones y si estas buscan esclarecer las posibles irregularidades o deslindar responsabilidades de quienes pudieron haberlas pasado por alto.