PVEM impulsa creación de la fiscalía de la mujer con perspectiva de género en la CDMX
Jesús Sesma, impulsor de la propuesta, enfatizó que la crisis en materia de violencia de género que impacta a la capital demanda de forma urgente la creación de dependencias capaces de actuar con absoluta sensibilidad, profesionalismo y eficiencia operativa.
En un esfuerzo por transformar el acceso a la justicia y reestructurar los mecanismos de atención para las víctimas de violencia de género, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para la creación de la Fiscalía de la Mujer. Esta nueva instancia especializada concentrará de manera exclusiva la investigación y persecución penal de los delitos cometidos contra las mujeres, implementando un modelo operativo integral que erradique los sesgos institucionales y garantice un estándar transversal de derechos humanos.
La propuesta legislativa establece de manera prioritaria que el nuevo órgano ministerial estará dotado de plena autonomía técnica y operativa. El diseño institucional contempla una estructura conformada por personal altamente calificado en áreas críticas como la investigación criminalística, la atención psicológica de primer contacto y la procuración de justicia especializada. Con este andamiaje, se busca agilizar los tiempos de respuesta procesal y derribar las barreras burocráticas y procedimentales que de forma sistemática inhiben la denuncia formal por parte de las víctimas.
El diputado con licencia, Jesús Sesma Suárez, impulsor de la propuesta, enfatizó que la crisis en materia de violencia de género que impacta a la capital demanda de forma urgente la creación de dependencias capaces de actuar con absoluta sensibilidad, profesionalismo y eficiencia operativa. El legislador ecologista puntualizó que el eje rector de la iniciativa consiste en erradicar la revictimización en el ministerio público y, al mismo tiempo, reconstruir el tejido de confianza entre la ciudadanía femenina y las autoridades judiciales encargadas de garantizar la seguridad en la urbe.
Finalmente, el proyecto de ley mandata la implementación de programas de capacitación obligatoria y permanente para la totalidad de la plantilla del organismo en materias de igualdad sustantiva, derechos humanos y protocolos especializados de género. Esta estrategia busca consolidar una política pública integral orientada no solo a la persecución y sanción rigurosa de las conductas delictivas, sino también a la prevención del delito, sentando las bases para una infraestructura de procuración de justicia más cercana, segura y eficaz para todas las mujeres de la Ciudad de México.