PVEM propone crear Fiscalía de la Mujer en CDMX
La iniciativa busca crear un órgano especializado para atender delitos contra las mujeres con perspectiva de género y mayor eficacia.

Con el objetivo de brindar una atención más eficaz a las víctimas de violencia de género y agilizar la procuración de justicia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para crear la Fiscalía de la Mujer. Esta propuesta busca establecer un órgano especializado, con autonomía técnica y operativa, para combatir la impunidad en delitos cometidos contra las mujeres y erradicar las barreras institucionales que perpetúan la revictimización en la capital.
El coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso capitalino, Jesús Sesma, fundamentó la propuesta al señalar que el sistema de justicia actual debe evolucionar con rapidez y sensibilidad. El legislador enfatizó que la falta de confianza en las instituciones constituye uno de los mayores obstáculos para las víctimas, por lo que resulta indispensable contar con un organismo capacitado específicamente en perspectiva de género e investigación criminal. "El sistema de procuración de justicia debe evolucionar para responder con mayor rapidez, sensibilidad y especialización a este tipo de casos", afirmó Sesma al presentar el proyecto ante la Comisión Permanente.
La iniciativa plantea que la nueva Fiscalía cuente con personal certificado y en constante formación en materia de derechos humanos e igualdad, garantizando un acompañamiento integral durante todo el proceso de denuncia e investigación. Asimismo, se busca que la institución mantenga una estructura independiente para evitar dilaciones procesales y ofrecer una respuesta institucional acorde con la gravedad de las agresiones reportadas en la metrópoli.
Con esta medida, el Partido Verde sostuvo que la Ciudad de México avanzará hacia la consolidación de un modelo de justicia con perspectiva de género que priorice la protección efectiva de las víctimas, fortaleciendo no solo la sanción de los delitos, sino también la prevención y la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.