Tamaulipas consolida transparencia y control del gasto público
De mil millones a tres: El drástico descenso de las observaciones fiscales en Tamaulipas
El Gobierno de Tamaulipas, bajo la gestión de Américo Villarreal Anaya, registró una reducción del 79 por ciento en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2023 y 2025.
Durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado reportó un monto preliminar observado de cerca de tres millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 0.01 por ciento de un total de 20 mil millones de pesos en recursos federales revisados.
Esta cifra contrasta con los balances de ejercicios fiscales previos. Mientras que en 2023 se notificaron observaciones por 14 millones de pesos y en 2024 bajaron a 10.8 millones de pesos, el monto reportado en esta etapa de 2025 descendió a cerca de tres millones de pesos, concentrados principalmente en el sector educativo.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, enfatizó el avance en la gestión gubernamental al señalar que “es un resultado muy bueno, es prácticamente el 0.01 por ciento de monto observado al gobierno del Estado en todas las auditorías que se nos están haciendo en la segunda entrega”.
Asimismo, la funcionaria sostuvo que se trata de “un excelente resultado comparado con las cuentas públicas de la administración pasada, que eran observadas por arriba de los mil millones de pesos”.
La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 mantendrá su calendario formal hasta concluir en febrero de 2027, tras cumplirse las tres etapas de entrega ante la Cámara de Diputados y sus respectivos lapsos de solventación.
De forma paralela, las acciones de control administrativo han derivado en la emisión de 247 sanciones por faltas no graves, el turno de más de 100 expedientes graves al Tribunal de Justicia Administrativa y la presentación de 47 denuncias ante las fiscalías locales.
De estas denuncias, cerca del 90 por ciento corresponden a hechos de la gestión previa, con prioridad en aquellos expedientes cercanos a su término legal de prescripción para garantizar el debido proceso.