El viacrucis judicial de la adopción en México

Lo que comenzó en 2018 como un proceso de adopción con la expectativa de brindar hogar y estabilidad a dos menores, se ha transformado en un prolongado litigio de Ester López Vela que ya suma ocho años entre trámites, valoraciones y audiencias sin una resolución definitiva.

De nacionalidad española y residente en México, López Vela asegura que el procedimiento radicado en el Juzgado Noveno de Proceso Oral en Materia Familiar, a cargo de la jueza Viridiana Durán Ramos, ha derivado en un desgaste emocional y administrativo que mantiene a sus hijos, Karla y Esteban, sin reconocimiento legal pleno como integrantes de su familia.

Llevo años presentando todo lo que me piden. Trabajo social, pruebas psicológicas, estudios médicos, documentación escolar y cualquier requisito solicitado. Cuando termino un trámite, el primero ya caducó y debo empezar nuevamente”.

Ester explicó que recibió a los menores a través de la Casa Hogar Providencia, luego de realizar labores de voluntariado y bajo la promesa de que el procedimiento avanzaría con rapidez para fortalecer el vínculo familiar. Sin embargo, sostiene que el tiempo transcurrió entre revisiones periódicas y requisitos cuya vigencia expiraba antes de concluir el expediente completo.

El proceso, afirmó, también enfrentó episodios que terminaron por prolongar la resolución judicial. Ester señala que llegaron a abrirse carpetas de investigación por presunta retención de menores y secuestro, las cuales posteriormente fueron aclaradas y cerradas. Pese a ello, asegura que el juicio continuó acumulando retrasos.

Mis hijos estaban en pañales cuando llegaron conmigo. Hoy tienen nueve y diez años. Lo único que pedimos es que termine un procedimiento que ya ha consumido gran parte de su infancia”.

López Vela sostiene que el DIF Nacional le ha brindado acompañamiento institucional durante el proceso. No obstante, considera que la ausencia de una sentencia definitiva mantiene a la familia en incertidumbre jurídica y limita aspectos cotidianos, desde trámites oficiales hasta la posibilidad de viajar fuera del país.

La madre adoptiva aseguró que durante distintas audiencias celebradas en diciembre, enero y abril continuaron solicitando documentos o actualizaciones derivadas del vencimiento de pruebas anteriores. A su juicio, esa dinámica ha convertido el caso en un ciclo administrativo sin cierre.

Para Ester, la situación rebasa un simple retraso procesal.

No estoy pidiendo un favor. Estoy pidiendo justicia y que se concluya un procedimiento en el que durante años he cumplido con todo lo solicitado”, sostiene al hacer un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México para revisar el caso y priorizar los derechos de los menores.

Mientras el expediente permanece abierto, quienes resienten el paso del tiempo son Karla y Esteban, quienes nos dieron una entrevista con la autorización y supervisión de su mamá adoptiva y cambiando sus nombres reales para proteger su integridad,

Karlas, de 10 años, habla con claridad sobre lo que representa vivir entre una familia consolidada afectivamente y una identidad legal aún pendiente.

Me da tristeza y enojo”, dice al referirse a la espera. La menor explica que sueña con obtener su pasaporte y conocer España, país natal de su madre. “Quisiera pasar Navidad con mi familia y conocer bien el lugar donde nació mi mamá”, expresó.

Su petición a la juzgadora es directa: “Que saque el juicio”.

Esteban, de nueve años, comparte la misma expectativa. Desde su perspectiva infantil, la disputa legal tiene un significado sencillo: ser reconocidos formalmente como hijos.

Queremos la custodia para poder ser hijos legítimos de nuestra mamá”, afirmó. Luego añade una frase que resume el vínculo construido durante estos años: “Nosotros tuvimos una segunda oportunidad de elegir a nuestra madre”.

Para esta familia, la sentencia pendiente no representa únicamente un documento jurídico. Significa cerrar ocho años de incertidumbre y convertir en certeza legal una relación que, aseguran, existe desde hace nueve años dentro y fuera del hogar.

Paradójicamente, la jueza Viridiana Durán Ramos, titular del Juzgado Noveno de Proceso Oral en Materia Familiar, tiene en sus manos la decisión de garantizar a estos menores la permanencia en el hogar que conocen, junto a Ester, quien los adoptó desde que tenían apenas meses de nacidos, o determinar su regreso al DIF Nacional, separándolos del núcleo familiar en el que han crecido y desarrollado sus vínculos afectivos, algo que les destrozaría su feliz vida que ya tienen.