Contaminar cuesta caro: así funcionan los mercados de carbono

Las emisiones de carbono representan un riesgo global para el medio ambiente. Desde los mercados financieros, se ha desarrollado una herramienta para combatir el precio de la contaminación: el mercado de carbono. Pero, ¿cómo puede este mercado reducir dichas emisiones?

El mercado de carbono es un mecanismo diseñado para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) —consideradas por la economía ambiental como una externalidad negativa derivada de los procesos productivos—, con la finalidad de lograr una transición hacia economías más sostenibles. 

Su funcionamiento permite que las empresas con altos niveles de emisiones compensen parte de su impacto ambiental mediante inversiones en proyectos o empresas donde la reducción de emisiones puede lograrse de forma más eficiente y con menores costos.

El mecanismo funciona porque los GEI se mezclan uniformemente en la atmósfera, por lo que desde un punto de vista ambiental resulta indistinto reducir las emisiones en cualquier parte del mundo siempre y cuando las reducciones sean medibles y verificables.

Actualmente existen dos tipos de mercados de carbono. El primero es el mercado regulado, implementado por los gobiernos mediante instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), el cual establece un límite de emisiones de GEI para las empresas. Bajo este esquema, las empresas que superan el límite permitido durante su proceso productivo pueden adquirir derechos de emisión de aquellas que se mantienen por debajo del límite establecido.

Otro instrumento dentro de este mercado es el impuesto al carbono, el cual consiste en un gravamen aplicado a la cantidad de dióxido de carbono (CO2 ) liberado a la atmósfera. Este mecanismo busca internalizar el costo ambiental de las emisiones, encareciendo las actividades más contaminantes.

El segundo es el mercado voluntario, el cual surge fuera de los sistemas regulados. Estos créditos pueden ser adquiridos por empresas o instituciones que buscan compensar parte de sus emisiones principalmente en proyectos específicos, como la reforestación y conservación de bosques y manglares, el desarrollo de tecnologías limpias, la generación de energías renovables o iniciativas de captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero (GEI).

A nivel global, operan 75 instrumentos de fijación de precios al carbono principalmente en Europa, que cubren cerca de 24% de las emisiones globales de GEI, una cobertura aún insuficiente frente a las metas ambientales como el Acuerdo de París. Ante la baja regulación, el mercado voluntario ha ganado relevancia siendo un termómetro del apetito por la acción climática.

No obstante, su comportamiento es más volátil debido a la fluctuación de precios. Tras llegar a un valor cercano a 2 mil 100 millones de dólares transados en 2022, su valor descendió a 535 millones en 2024, una disminución de alrededor de 74.5%, reflejo de las dudas sobre la integridad de los créditos y el endurecimiento del cumplimiento internacional.

En el caso de México, somos el único país de América Latina que cuenta con tres tipos de instrumentos de fijación de precios del carbono operando de forma simultánea: el sistema de comercio de emisiones operando en fase piloto desde 2020, que abarca los sectores industriales que cubre cerca de 40% de las emisiones nacionales.

Un impuesto federal al carbono vigente desde el 2014 y una serie de impuestos subnacionales al carbono implementados en CDMX, Colima, Durango, Edomex, Guanajuato, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Dentro del mercado voluntario, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, a mayo de 2023 existían 248 proyectos registrados de los cuales 50% se encuentra emitiendo certificados de carbono. Dichos proyectos están enfocados principalmente en actividades de reforestación representando 87.5% del total, ubicados principalmente en estados como el Estado de México y Durango.

Los mercados del carbono tienen el potencial de establecer las vías para movilizar capital hacia tecnologías limpias y reducir los riesgos asociados al cambio climático, contribuyendo a la estabilidad ambiental y económica. Sin embargo, su efectividad depende de alinear los incentivos de las empresas, los gobiernos y las naciones, fortalecer la integridad de los mercados y sostener la voluntad política para que el mundo opere sistemas de reducción plenamente establecidos.

Detrás de los impuestos, de los topes, de los derechos transables hay una idea sencilla: todos vivimos aquí, aquí vivirán nuestros hijos y la naturaleza lo seguirá haciendo; tenemos que adaptarnos a ella y corregir el desequilibrio medioambiental, para dejar a las siguientes generaciones un mundo mejor del que recibimos.