Hacienda refuerza combate antilavado; fortalece integridad del sistema financiero
Destaca la obligación de implementar sistemas automatizados capaces de monitorear operaciones en tiempo real
La Secretaría de Hacienda busca robustecer la integridad del sistema financiero del país. Con la publicación de las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Diario Oficial de la Federación, eleva los requerimientos de cumplimiento para quienes realizan actividades vulnerables (sujetos obligados).
Esta actualización responde a la implementación de las reformas legales aprobadas entre 2025 y 2026, con el propósito de alinear a México con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Destaca la adopción obligatoria del enfoque basado en riesgo como principio rector. Con esta disposición, los sujetos obligados deberán evaluar, clasificar y documentar el nivel de riesgo —bajo, medio o alto— de sus clientes o usuarios, atendiendo aspectos como canales de operación, productos y zonas geográficas.
A la par de esta clasificación, la normativa endurece la identificación reforzada del beneficiario controlador y el tratamiento para personas políticamente expuestas. Asimismo, establece la actualización obligatoria del Manual de Políticas Internas y la capacitación anual del personal.
Entre los puntos de mayor impacto operativo destaca la obligación de implementar sistemas automatizados capaces de monitorear operaciones en tiempo real, acumular montos, detectar desviaciones del perfil transaccional y generar alertas de riesgo de forma inmediata.
Escalonado
Para garantizar una transición ordenada, la Secretaría de Hacienda diseñó un calendario escalonado. Aunque el Acuerdo entra en vigor de manera general el 30 de noviembre de 2026, las distintas obligaciones cuentan con plazos específicos.
A partir del 1 de marzo de 2027, las empresas deberán tener disponibles, ante cualquier requerimiento de la autoridad, tanto la evaluación de riesgos como el Manual de Políticas Internas actualizado.
En esa misma fecha comenzarán a aplicar las reglas relativas al conocimiento del cliente y Beneficiario Controlador.
Por su parte, el plazo límite para integrar los mecanismos automatizados de monitoreo vence el 1 de junio de 2027.
La gran novedad del marco regulatorio es la instauración de la auditoría anual obligatoria. El primer periodo sujeto a revisión abarcará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028. Para aquellas entidades o personas clasificadas en nivel de riesgo alto, la revisión y el dictamen corresponderán exclusivamente a un auditor externo independiente que cumpla con los requisitos estipulados por la autoridad.
Con este modelo de cumplimiento proporcional, las autoridades buscan optimizar la supervisión e intensificar la fiscalización en los sectores con mayor exposición al uso de recursos de procedencia ilícita.
“La Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contribuyendo a la protección de la integridad del sistema financiero y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero”, destacó la institución en un comunicado.
