Liverpool, GICSA y Fibra Danhos perjudicaron a locatarios; investigación inmobiliaria

Miles de comercios que dependían de un espacio dentro de los centros comerciales sufrieron un duro impacto económico durante la emergencia sanitaria, luego de que las principales empresas desarrolladoras y operadoras del país articularan un pacto ilegal para congelar apoyos financieros.

Como publicó ayer Excélsior, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) destapó este esquema y determinó que las prácticas anticompetitivas cometidas por los gigantes del sector “provocaron daños estimados por 404 millones de pesos”, castigando directamente la viabilidad operativa de pequeños y medianos establecimientos en plena crisis del covid-19.

El organismo regulador comprobó que grandes cadenas y grupos inmobiliarios –entre los que figuran El Puerto de Liverpool, Grupo GICSA, Administradora Fibra Danhos, Grupo Comercial Chedraui, Acosta Verde, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles y Grupo Aryba– montaron un frente común para frenar la ayuda a sus arrendatarios. Las investigaciones de la autoridad demostraron que las compañías implicadas “establecieron mecanismos de coordinación respecto al pago de rentas de locales comerciales cuando miles de negocios enfrentaban cierres temporales y restricciones de operación derivadas de la emergencia sanitaria”.

A través de esta colusión, las empresas coordinaron topes a los alivios financieros que solicitaron los locatarios para evitar la quiebra. La investigación reveló detalladamente la severidad con la que actuó el cártel inmobiliario, precisando que los participantes “acordaron límites a los descuentos que podían ofrecer a los arrendatarios e incluso, en algunos casos, evitaron otorgar reducciones en los pagos de renta”.

Frente al argumento defensivo de la contingencia, la CNA fue contundente al señalar que el estado de emergencia no concedía un cheque en blanco para vulnerar la ley. El ente fiscalizador enfatizó en su resolución que “aun durante la pandemia, las disposiciones en materia de competencia económica permanecieron vigentes, por lo que cada empresa debía definir de manera independiente las condiciones comerciales ofrecidas a sus clientes”.

Afectaron a consumidores

Las consecuencias del cobro coordinado de cuotas no se limitaron al quebranto de los locatarios, sino que mermaron la economía general. Al abordar el alcance de las distorsiones comerciales provocadas por el grupo sancionado, el regulador subrayó que "este tipo de conductas afecta directamente a los comercios que dependen de espacios dentro de centros comerciales para vender bienes y prestar servicios".

El efecto dominó terminó por golpear el bolsillo del consumidor final debido al sobrecosto operativo impuesto a los comercios. La entidad antimonopolio advirtió sobre la gravedad de estas alteraciones en la cadena de valor, explicando que "las distorsiones en el mercado de renta de locales pueden traducirse en mayores costos para los negocios, con efectos sobre el empleo y los precios que enfrentan los consumidores".

El expediente sancionatorio por más de 500 millones de pesos no sólo alcanzó a los consorcios corporativos, sino también al gremio inmobiliario y a ejecutivos involucrados. La resolución oficial confirmó que “las sanciones alcanzaron a Administradora Fibra Danhos, Grupo Gicsa, El Puerto de Liverpool, Acosta Verde, Grupo Comercial Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles y Grupo Aryba, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y diversas personas físicas”.

El litigio comercial escalará ahora a los tribunales del Poder Judicial de la Federación para determinar si la multa se mantiene firme.

Ante el fallo emitido por el regulador, la autoridad puntualizó que "los agentes económicos involucrados podrán interponer los medios de defensa previstos en la ley ante los tribunales especializados".

Número

• 404 millones de pesos en daños provocó este cártel inmobiliario, castigando directamente la viabilidad operativa de pequeños y medianos establecimientos en plena crisis del covid-19