Defensa del Bar Adelitas abre ruta de fuga para “El Padrino”

La defensa de Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, señalado por autoridades federales como líder de una red internacional de trata de personas operada desde el Bar Adelitas, en Tijuana, volvió a activar una ruta legal para intentar sacarlo del penal federal donde permanece recluido.

El movimiento busca modificar el lugar en el que cumple la prisión preventiva, pese a que un juez de control ya determinó que sus padecimientos de salud no son graves y que existe riesgo de fuga.

El antecedente inmediato ocurrió el 13 de mayo de 2026, cuando el juez Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó que la condición médica de Jiménez Loza fuera suficiente para cambiar sus condiciones de internamiento. En esa resolución, el juzgador también advirtió que el imputado podría sustraerse de la acción de la justicia.

La decisión judicial se sustentó en peritajes médicos presentados por la defensa de las víctimas y por el Ministerio Público de la Federación (MPF). Los estudios fueron elaborados por especialistas en geriatría y medicina interna, quienes descartaron que los padecimientos del imputado ameritaran una medida distinta a la prisión preventiva en un centro federal.

A pesar de ese revés, la defensa particular de Jiménez Loza insistió en abrir una nueva audiencia. En su escrito, asegura que existen “datos de prueba novedosos”, circunstancias supervenientes y elementos actualizados que, de acuerdo con su argumento, justificarían revisar nuevamente el sitio donde debe ejecutarse la medida cautelar.

La petición se presenta como una revisión de necesidad, proporcionalidad y vigencia de la prisión preventiva. Sin embargo, el propio artículo invocado por la defensa 1(66 del Código Nacional de Procedimientos Penales), establece un límite claro: no procede ese beneficio cuando el juez advierta riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o cuando exista una conducta que haga presumible riesgo social.

El Centro de Justicia Penal Federal en Sonora fijó las 13:30 horas del 2 de julio de 2026 para la audiencia de revisión de medida cautelar. También ordenó citar a las víctimas y precisó que su inasistencia no impedirá que el juez resuelva sobre lo planteado.

Además, instruyó que Jiménez Loza sea conducido desde el Centro Federal de Reinserción Social Número 11 “CPS Sonora” a la sala de audiencias, con apoyo de la autoridad penitenciaria y cuerpos de seguridad.

La resolución judicial también pidió la presencia de la Policía Procesal y del Jefe Regional de los Servicios de Seguridad del Órgano de Administración Judicial, a fin de garantizar protección durante la diligencia.

El caso involucra a un imputado identificado por autoridades federales como integrante relevante de una estructura criminal vinculada con trata de personas y delincuencia organizada, además de lavado de dinero utilizando empresas factureras las cuales están bajo investigación.

De acuerdo con información pública del Gabinete de Seguridad federal, Jiménez Loza fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, al contar con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

La nueva ofensiva de la defensa ocurre en un contexto donde el caso Bar Adelitas ha acumulado litigios, amparos y resoluciones que han buscado incidir en el curso del proceso penal, en algunos casos con el apoyo económico del crimen organizado.

El periódico Excélsior ha documentado previamente que la defensa de Jiménez Loza promovió diversos recursos en Sonora, Jalisco y Ciudad de México, aunque varios de ellos fueron sobreseídos, incluso dentro de la audiencia del pasado 13 de mayo con peritajes médicos de la defensa de las víctimas, Fiscalía General de la República (FGR), se mostró que “El Padrino” no tienen una enfermedad terminal o que ponga su vida en riesgo.  

En los hechos, la audiencia no sólo revisará una condición médica, sino también pondrá nuevamente sobre la mesa si el sistema judicial debe flexibilizar la prisión preventiva de un imputado al que ya se le atribuyó riesgo de fuga por los millones de pesos de sus cuentas que aún no han sido congeladas y las que tienen sus prestanombres en investigación.