Fracasa el registro de plataformas de hospedaje de la CDMX; anfitriones acusan imposición unilateral
Organizaciones del sector estiman que menos del 5% de los anfitriones activos se ha inscrito formalmente en la plataforma oficial.
El Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal puesto en marcha por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 21 de mayo enfrenta un marcado rezago operativo. Organizaciones del sector estiman que menos del 5% de los anfitriones activos se ha inscrito formalmente en la plataforma oficial, mientras que los juzgados federales acumulan una oleada creciente de amparos en contra de la restricción de 183 noches impuesta por la autoridad local.
A pesar de que la comunidad de anfitriones participó durante meses en mesas de trabajo y presentó diversas propuestas de regulación y registro, el gobierno capitalino optó por un modelo unilateral. Con el plazo de inscripción por vencer, el número de registros es mínimo frente a los 27 mil inmuebles que la propia administración reconoce como activos en plataformas digitales; la inmensa mayoría de los operadores ha decidido no registrarse, en espera de una resolución judicial favorable o por considerar que el tope de ocupación vulnera su fuente de ingresos.
“Esto es lo que pasa cuando se imponen regulaciones desde el escritorio, dejándose llevar por narrativas e intereses particulares y sin permitirse conocer el sector”, señaló Aurora Acosta, anfitriona de Coyoacán que renta un departamento desde hace 10 años, quien cuestionó que se restrinja el trabajo a la mitad del año a contribuyentes cumplidos que atienden a turistas que no pueden costear hoteles de tarifas elevadas.
El historial del padrón evidencia problemas de fondo: aprobada originalmente en 2024, la reforma a la Ley de Turismo resultó tan inaplicable que el gobierno fue incapaz de ponerla en operación durante más de un año y medio. De acuerdo con el colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA), la restricción de 183 noches al año (equivalente al 50% de ocupación anual) se activó como una carga adicional que las autoridades habían prometido no imponer tras 22 meses de negociaciones para una regulación eficaz y progresiva.
La respuesta legal ha sido contundente. Mientras que en 2024 se presentaron aproximadamente 600 amparos, para este año los asesores legales del sector proyectan una cifra considerablemente mayor ante la existencia de un mecanismo de aplicación concreto. De acuerdo con el especialista jurídico Héctor Rivera, varios de estos recursos ya obtuvieron suspensiones definitivas por unanimidad en tribunales colegiados, debido a que el tope viola derechos fundamentales como la libre profesión y genera un trato inequitativo al afectar exclusivamente a las plataformas digitales sin tocar a hoteles, moteles o casas de huéspedes.