¿Por qué investigan a Gustavo Petro? Las denuncias por contratos a cambio de favores sexuales que sacuden a Colombia

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de mujeres con recursos públicos durante su gobierno, luego de que una excontratista denunciara que recibió empleos estatales a cambio de favores sexuales.

El caso, que comenzó a tomar fuerza a finales de octubre de 2026, adquirió una nueva dimensión tras la difusión de una conversación en la que Petro presuntamente pidió mantener el contrato de la denunciante en el Ministerio del Interior.

Las acusaciones fueron formuladas por Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien asegura que formó parte de una supuesta red de mujeres beneficiadas con contratos gubernamentales. El exmandatario ha rechazado los señalamientos y sostiene que nunca utilizó recursos públicos para obtener favores personales.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia de Colombia han iniciado distintas actuaciones para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial que acredite que Petro otorgó contratos a cambio de servicios sexuales.

¿De qué acusan a Gustavo Petro?

Las denuncias se conocieron públicamente el 25 de octubre, cuando Deicy Jiménez relató, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila difundida por la revista Semana, que habría recibido contratos con instituciones del Estado colombiano a cambio de mantener encuentros íntimos con Petro.

De acuerdo con su testimonio, conoció al entonces senador en 2019 y posteriormente obtuvo contratos en diferentes dependencias gubernamentales. Jiménez sostiene que su situación no fue un hecho aislado y aseguró que entre 30 y 40 mujeres habrían participado en un esquema similar.

Según documentó La Silla Vacía, la denunciante también afirmó que algunas mujeres eran requeridas para acompañar a Petro a reuniones privadas y conseguirle drogas.

Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y no han sido demostradas judicialmente. Tampoco existe una confirmación independiente de que las decenas de mujeres mencionadas hayan recibido contratos bajo las condiciones denunciadas.

El asunto ha adquirido relevancia porque las acusaciones apuntan a un posible uso indebido de recursos públicos y a una eventual intervención de funcionarios en decisiones administrativas para favorecer intereses personales.

¿Quién es Deicy Jiménez y qué contratos recibió del Estado?

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez es una excontratista colombiana que prestó servicios en distintas instituciones públicas durante los últimos años.

Los registros de contratación estatal revisados por medios colombianos muestran que tuvo vínculos contractuales con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Una investigación de Blu Radio identificó diez contratos por un valor acumulado aproximado de 133 millones de pesos colombianos.

Entre ellos destacan dos contratos con el Ministerio del Interior. El primero fue firmado en agosto de 2025 por aproximadamente 11 millones de pesos colombianos y tenía como fecha de terminación el 31 de diciembre de ese año.

Posteriormente, el 23 de enero de 2026, Jiménez suscribió otro contrato con la misma dependencia por aproximadamente 30 millones de pesos colombianos, según la investigación publicada por Noticias Caracol.

La existencia de estos contratos constituye un elemento verificable del caso. No obstante, haber recibido recursos públicos por una contratación no demuestra que existieran irregularidades ni que los pagos estuvieran condicionados a una relación personal.

Para determinarlo, las autoridades deberán examinar quién autorizó las contrataciones, qué funciones desempeñó Jiménez, qué requisitos cumplió y si hubo intervención indebida de servidores públicos.

¿Qué revela el chat atribuido a Gustavo Petro sobre los contratos?

Uno de los elementos más recientes de la investigación es una conversación difundida el 5 de noviembre por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

El intercambio, fechado el 12 de diciembre de 2025, habría ocurrido entre Petro, cuando todavía era presidente de Colombia, y Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el material publicado, Petro envió a Rodríguez un documento en formato PDF con el nombre de Deicy Jiménez y posteriormente escribió:

"Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior".

Rodríguez respondió: "Perfecto señor presidente".

La conversación llamó la atención porque, en ese momento, Jiménez tenía un contrato vigente con el Ministerio del Interior, cuyo plazo concluía el 31 de diciembre de 2025. Menos de un mes después, el 23 de enero de 2026, fue firmado un nuevo contrato.

El 6 de noviembre, Angie Rodríguez confirmó a la revista Semana que la conversación difundida era auténtica y manifestó su disposición a entregar los mensajes a las autoridades.

El intercambio podría ser relevante para establecer si el entonces presidente intervino en la continuidad contractual de Jiménez.

Sin embargo, el mensaje no demuestra por sí solo que la contratación estuviera relacionada con favores sexuales. Esa es una de las circunstancias que deberán esclarecer los investigadores, junto con la legalidad de los procedimientos administrativos.

¿Qué muestra el video difundido por Deicy Jiménez?

El 4 de noviembre, Jiménez publicó un video de aproximadamente un minuto en el que aparentemente aparece junto a Petro durante un encuentro de carácter privado.

La denunciante presentó la grabación como un respaldo a sus declaraciones sobre la relación que asegura haber mantenido con el expresidente.

De acuerdo con Noticias Caracol, el material muestra una conversación en un ambiente íntimo, aunque no permite establecer por sí mismo la existencia de acuerdos relacionados con contratos estatales.

Petro cuestionó la difusión del video y señaló que no había sido examinado por especialistas ni valorado por un juez.

Por su parte, Jiménez acudió el 5 de noviembre a las instalaciones de la Fiscalía colombiana, donde se realizó una diligencia para obtener información de su teléfono celular.

Según informó El Espectador, el objetivo de esta actuación es recuperar y examinar materiales que podrían resultar relevantes para las investigaciones.

La autenticidad, fecha, integridad y contexto del video forman parte de los elementos que deberán ser evaluados. Incluso si se confirma que existió una relación íntima entre Petro y Jiménez, ello no constituye por sí mismo una prueba de corrupción.

¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre las acusaciones?

El expresidente ha negado reiteradamente haber utilizado contratos públicos para obtener beneficios sexuales.

En un comunicado difundido el 25 de octubre, tras las primeras denuncias, aseguró que nunca condicionó una contratación gubernamental a favores personales.

Según recogió La Silla Vacía, Petro sostuvo:

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener favores sexuales".

Después de la publicación del video, el 4 de noviembre, volvió a rechazar los señalamientos y defendió a las mujeres que trabajaron durante su administración.

En su mensaje, retomado por Noticias Caracol, afirmó:

"Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie".

También argumentó que el video divulgado no acredita la existencia de una decisión irregular de gobierno y cuestionó el uso público de imágenes relacionadas con su vida privada.

El exmandatario ha anunciado que recurrirá a su defensa jurídica frente a las acusaciones.¿Qué autoridades investigan a Gustavo Petro?

Las denuncias han motivado actuaciones de diferentes instituciones colombianas, aunque cada una tiene competencias y procedimientos distintos.

La Fiscalía General de la Nación abrió el 23 de octubre una investigación preliminar por posibles irregularidades en contrataciones realizadas en el Dapre y otras entidades públicas durante el gobierno de Petro.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la investigación contempla las denuncias sobre presuntas contrataciones irregulares de mujeres y los señalamientos realizados por exfuncionarios.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía inició el análisis forense del teléfono de Deicy Jiménez para buscar información que permita corroborar o descartar sus afirmaciones.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ordenó una inspección judicial para obtener documentación relacionada con los contratos que Jiménez tuvo en el Congreso colombiano.

Según confirmó El Espectador el 5 de noviembre, las diligencias se concentrarán en la Secretaría General del Senado, donde deberán examinarse los expedientes de contratación correspondientes.

El magistrado Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, explicó que el interés judicial es establecer las eventuales implicaciones penales de los hechos relacionados con la utilización de dinero del Estado.

La Procuraduría General también realiza actuaciones para determinar si pudieron existir faltas disciplinarias por parte de funcionarios involucrados en los procedimientos de contratación.

La intervención de estas instituciones no significa que exista una acusación penal formal contra Petro por todos los hechos denunciados. Las investigaciones se encuentran en distintas etapas y deberán establecer tanto la existencia de posibles irregularidades como las responsabilidades individuales.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Gustavo Petro?

Las consecuencias dependerán de lo que logren acreditar las autoridades y de la participación que pudiera atribuirse a cada persona involucrada.

Una de las cuestiones centrales es determinar si las contrataciones respondieron a necesidades legítimas de las instituciones públicas o si se utilizaron recursos del Estado para favorecer indebidamente a particulares.

También deberá establecerse si algún funcionario intervino fuera de sus atribuciones, incumplió los procedimientos de contratación o condicionó una decisión administrativa a beneficios personales.

El análisis jurídico deberá considerar, además, que algunos de los hechos denunciados corresponden a la etapa de Petro como senador y otros al periodo en que ejerció la Presidencia, entre 2022 y 2026. Esa diferencia influye en las competencias de las autoridades que pueden investigarlos.

Por ahora, no es posible establecer una responsabilidad penal ni anticipar sanciones, dado que los hechos continúan bajo investigación.