Marina del Pilar, instruye revisión exhaustiva por lista de la OFAC
Como medida inmediata del Poder Ejecutivo, ningún proveedor señalado por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno estatal, ordenando la remisión inmediata de los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para actuar conforme a la ley. Como medida preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la mandataria determinó que de aquí en adelante ningún proveedor señalado por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica.
La administración estatal precisó que las contrataciones pasadas se celebraron con estricto apego a la legalidad y a los registros del padrón de proveedores vigentes en su momento, cuando no existía inhabilitación ni impedimento legal alguno. Ante el surgimiento de nueva información en 2026, la mandataria estatal enfatizó la postura institucional: “El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”.
En el rubro de seguridad pública, el Gobierno del Estado aclaró que los contratos referidos correspondieron exclusivamente a equipamiento, suministros e infraestructura técnica. Se enfatizó que el resguardo, custodia y administración de las bases de datos e información institucional radican de manera exclusiva en el personal facultado de las corporaciones de seguridad del Estado, descartando cualquier tipo de vulneración a la información de la ciudadanía. Asimismo, se puntualizó que organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado cuentan con independencia constitucional y de gestión para sus propios procesos de compra.
La gobernadora enfatizó que la instrucción al gabinete es revisar exhaustivamente cualquier antecedente contractual para determinar con rigor técnico si existió alguna vulneración o riesgo patrimonial, colaborando abiertamente con las autoridades en todo momento. “Lo responsible es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó Marina del Pilar.