Maru Campos pide a la Corte blindar elecciones del crimen
La reforma estatal contempla sanciones electorales ante la intervención de grupos delictivos y vínculos de candidatos con la delincuencia.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, así como establecer restricciones para candidaturas vinculadas con grupos delictivos.
A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria señaló que el tema será analizado por el Pleno de la Suprema Corte este martes 29 de septiembre, dentro de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversas modificaciones electorales aprobadas por el Congreso de Chihuahua.
Campos sostuvo que la reforma fue aprobada con el propósito de establecer mecanismos para impedir que grupos criminales intervengan en los procesos electorales y afirmó que Chihuahua fue la primera entidad en incorporar este tipo de disposiciones a su legislación.
La gobernadora también señaló que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local respaldaron la reforma, con excepción de Morena, cuyos legisladores, dijo, votaron en contra. Posteriormente, Morena promovió ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad 99/2026, que fue acumulada con otros tres recursos relacionados con las modificaciones electorales.
Durante su mensaje, Campos pidió a las ministras y ministros confirmar la legislación aprobada por el Congreso estatal y sostuvo que la discusión trasciende el ámbito local, al involucrar las reglas para proteger los procesos electorales frente a una posible intervención de grupos delictivos.
“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó la gobernadora.
De acuerdo con la información pública sobre el expediente, el proyecto que será analizado por el Pleno fue elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. El proyecto plantea declarar parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad y propone invalidar diversas disposiciones de la reforma electoral, entre ellas algunas relacionadas con el régimen sancionador y restricciones a determinadas candidaturas.
La resolución de la SCJN determinará el alcance constitucional de las disposiciones impugnadas y definirá cuáles, en su caso, podrán permanecer vigentes.
Campos concluyó su posicionamiento al señalar que su administración considera la protección del voto ciudadano una obligación y pidió que la legislación aprobada en Chihuahua sea confirmada por el máximo tribunal.