PVEM urge a endurecer penas ambientales ante la pérdida de hectáreas de manglar en México
ras revelarse la pérdida de más de 27 mil hectáreas de manglar entre 2020 y 2025 según la CONABIO, el Partido Verde exigió acelerar la reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas contra la tala ilegal, la contaminación y el cambio ilícito de uso de suelo.
Entre 2020 y 2025, México registró una pérdida de 27 mil 622 hectáreas de manglar, al pasar de una superficie total de 905 mil 86 a 877 mil 464 hectáreas, según la evaluación más reciente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Frente a este severo impacto ecológico, el Partido Verde llamó a fortalecer el marco jurídico para sancionar los delitos que atentan contra los recursos naturales y exigió acelerar la reforma al Código Penal Federal impulsada por sus legisladores desde 2025.
La urgencia de vigilar y blindar los ecosistemas quedó de manifiesto tras el operativo de inspección realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del 24 al 29 de agosto de 2026. Durante la jornada de supervisión, la dependencia desplegó 36 visitas de verificación en 15 estados sobre dunas, humedales, zonas costeras y manglares, lo que derivó en 18 clausuras y en el aseguramiento de tres embarcaciones no autorizadas en áreas protegidas de Yucatán.
Para frenar la impunidad en estos espacios, el Partido Verde promueve el avance del proyecto legislativo dictaminado en San Lázaro en noviembre de 2025 y devuelto por el Senado para su aprobación final en abril de este año. La iniciativa contempla elevar sustancialmente las penas de prisión y las sanciones económicas contra la tala ilegal, la destrucción de vegetación, el cambio ilícito de uso de suelo en terrenos forestales, el tráfico de especies y la contaminación de agua y suelos.
Sobre el alcance del proyecto penal y la necesidad de detener la devastación ecológica en el país, el partido ecologista subrayó que la propuesta busca fortalecer la capacidad del Estado para sancionar distintas actividades ilícitas que afectan los bosques, la flora, la fauna y otros recursos naturales. Asimismo, la fuerza política recalcó que el endurecimiento de las penas pretende contribuir a desalentar estas conductas, particularmente cuando provocan daños graves o afectan áreas naturales protegidas.