¿De qué acusan a Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero detenido por el caso Ayotzinapa?
Desaparición forzada y destrucción de pruebas: los delitos por los que detuvieron al exgobernador Ángel Aguirre, de acuerdo con la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en el Estado de México contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
La detención representa una de las acciones judiciales de mayor impacto político en el seguimiento del caso Ayotzinapa, al señalar a la cúpula del gobierno estatal de 2014 por el ocultamiento y la destrucción deliberada de pruebas clave.
¿Cuáles son los delitos que le imputan?
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez federal libró la orden de captura a solicitud de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. A Aguirre Rivero se le acusa formalmente de:
- Desaparición forzada de personas
- Delitos contra la administración de justicia
De acuerdo con la FGR, la imputación por desaparición forzada se fundamenta en que las acciones del exmandatario contribuyeron de manera directa a perpetuar la ocultación del paradero de los estudiantes, al destruir los registros que documentaban su detención por parte de fuerzas policiales.
¿Cuál fue la orden directa que habría dado Ángel Aguirre?
La acusación sostiene que Ángel Aguirre Rivero encabezó una operación dolosa y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal para borrar toda evidencia audiovisual de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según las investigaciones, el exgobernador convocó a una reunión con integrantes de primer nivel de su gabinete en la que dio la instrucción directa de desaparecer cualquier grabación captada por las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
“Para de tratarse de un hecho aislado o un fallo técnico, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal", sostuvo la fiscal Ernestina Godoy.
¿Por qué eran cruciales esos videos y qué registraban?
Las grabaciones borradas corresponden al perímetro del Palacio de Justicia de Iguala, punto crítico por donde circuló el autobús Estrella de Oro 1531, en el cual viajaba un grupo de normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Las cámaras captaron el momento exacto en que dicha unidad fue interceptada y abordada por elementos de la policía municipal y estatal.
La destrucción de ese material audiovisual impidió durante años identificar con precisión a los agentes participantes y la ruta de traslado de los jóvenes.
¿Cómo se cayó la versión de la "falla técnica"?
Durante años, la versión oficial del gobierno de Guerrero y de las primeras investigaciones federales sostuvo que las grabaciones del Palacio de Justicia no existían debido a supuestos problemas técnicos y fallas de almacenamiento en el sistema de videovigilancia.
El nuevo modelo de investigación de la FGR reexaminó el expediente y descartó por completo la hipótesis del fallo técnico, concluyendo que las imágenes sí fueron procesadas, extraídas e intencionalmente destruidas para proteger a los involucrados.
¿Qué testimonios y pruebas fundamentan la detención?
La FGR logró reestructurar la línea de investigación gracias a la incorporación de dos testimonios clave obtenidos durante 2026:
- Testigo 1 (Enero de 2026): Una persona colaboradora confesó ante el Ministerio Público Federal que las videograbaciones sí existían. Identificó a la persona que sustrajo físicamente los discos de video y los entregó en mano a Ángel Aguirre Rivero. Reveló haber guardado silencio durante más de una década debido a amenazas de muerte.
- Testigo 2 (Mayo de 2026): Un segundo testigo protegido confirmó la realización de una reunión de emergencia de alto nivel encabezada por Aguirre, donde el entonces gobernador ordenó desvanecer todo el material probatorio vinculado al Palacio de Justicia.
¿Qué sigue en el proceso legal?
Tras su aprehensión en el Estado de México, Ángel Aguirre Rivero fue puesto a disposición del juez federal que emitió el mandamiento judicial para que se lleve a cabo su audiencia inicial.
En ella, la FGR formulará la imputación formal y solicitará la vinculación a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.