De trabajadores subcontratados a socios de su propia cooperativa de limpieza

Secretaría Anticorrupción estrena esquema de compras públicas que prioriza a cooperativas y mipymes

Por: Aranza Hidalgo

El nuevo modelo cooperativo del gobierno dignifica a un sector históricamente invisibilizado: las y los trabajadores de limpieza
El nuevo modelo cooperativo del gobierno dignifica a un sector históricamente invisibilizado: las y los trabajadores de limpiezaX: @BuenGobierno_mx

En un giro de la proveeduría gubernamental, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno formalizó en abril de 2026 la adquisición de servicios de limpieza mediante un esquema cooperativista.  

Esta contratación se sustenta en la reforma de abril de 2025 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fomenta la integración de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de cooperativas, en las compras del Estado. 

La iniciativa permitió a trabajadores que antes prestaban servicios subcontratados constituirse en socios de su propia organización productiva. Este cambio erradica las inconsistencias del modelo outsourcing previo, caracterizado por la incertidumbre en fechas de pago, interrupciones en la seguridad social, falta de reparto de utilidades y la necesidad de adquirir insumos con recursos propios.

Ahora, los integrantes de la cooperativa cuentan con estabilidad salarial, certidumbre en sus retribuciones, acceso real a la seguridad social y equipamiento adecuado para sus actividades.

La dependencia federal detalló que la implementación incluye un programa de acompañamiento interinstitucional, continuo y progresivo para fortalecer la gestión administrativa y organizativa del colectivo.

"En Buen Gobierno demostramos que es posible contratar de manera distinta para generar mejores resultados tanto para el Estado como para quienes hacen posible la prestación de los servicios públicos", enfatizaron autoridades de la secretaría. 

Con esta acción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca consolidar las compras públicas como un instrumento de justicia social y autonomía económica, sentando un precedente normativo que busca replicarse en otras instituciones del gobierno federal. 

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