Urge PAN a frenar cárteles del despojo en la CDMX tras protestas en la Del Valle
La diputada Liz Salgado exige transparentar los resultados del Gabinete Contra el Despojo y acelerar investigaciones ante la baja tasa de detenciones.
El predio ubicado en la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, reavivó la alerta ciudadana por la operación de redes criminales dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles. Ante las movilizaciones vecinales registradas esta semana, la diputada local del PAN, Liz Salgado, instó a las autoridades capitalinas a frenar el avance de estas agrupaciones. "Lo que hoy preocupa a los vecinos no es únicamente la ocupación ilegal de un inmueble; preocupa que detrás de muchos casos existan estructuras organizadas que aprovechan vacíos legales, documentos presuntamente falsificados y posibles redes de complicidad para afectar el patrimonio de las personas", advirtió la legisladora.
Las estadísticas oficiales reflejan el tamaño de la crisis patrimonial que atraviesa la capital del país. De enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha acumulado más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo. La tendencia mantiene un ritmo preocupante, pues tan solo entre enero de 2025 y abril de 2026 se abrieron más de 5 mil nuevas denuncias. La congresista enfatizó que el caso de la Del Valle demuestra cómo estas mafias operan mediante falsificación de documentos y suplantación de identidad para apoderarse del patrimonio familiar.
La brecha entre las denuncias ciudadanas y la efectividad de las instituciones encargadas de procurar justicia continúa siendo sumamente amplia. Durante el periodo de seis años analizado, únicamente se han reportado 463 personas detenidas, una cifra que representa menos del dos por ciento frente al volumen de casos iniciados. "Las cifras reflejan una realidad preocupante: para miles de familias denunciar no necesariamente significa recuperar su patrimonio o ver sancionados a los responsables", puntualizó Salgado al cuestionar el bajo índice de judicialización.
Aunque el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas en 2025 para endurecer las penas contra el despojo, la aplicación de la ley sigue en deuda con las víctimas. La legisladora reconoció la creación del Gabinete Contra el Despojo como un paso de coordinación institucional, pero demandó certidumbre sobre su impacto real. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuántas denuncias ha atendido el Gabinete, cuántos inmuebles han sido restituidos a sus legítimos propietarios, cuántas personas han sido procesadas gracias a su intervención, cuáles son los tiempos promedio de atención y qué indicadores demuestran que la estrategia está dando resultados", aseveró.
El combate a la impunidad requiere que la Fiscalía General de Justicia agilice sus procesos de investigación y que el Gobierno capitalino rinda cuentas claras sobre sus acciones. Para la representante del blanquiazul, el marco legal vigente debe traducirse en restituciones efectivas y desarticulación de bandas operativas. "La Ciudad ya fortaleció su legislación y creó un Gabinete especializado. Ahora corresponde demostrar que esas herramientas están funcionando; las familias necesitan recuperar su patrimonio, obtener justicia y tener la certeza de que el Estado actuará con oportunidad", concluyó la diputada.