Urge PVEM a consolidar Fiscalías Especializadas ante propuesta presidencial para homologar el delito de feminicidio
PVEM exige acabar con la disparidad en las leyes y blindar fiscalías
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó de manera contundente la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca homologar los criterios de prevención, investigación y sanción del feminicidio en el territorio nacional.
La dirigencia del partido afirmó que este proyecto del Ejecutivo Federal representa un avance histórico en la búsqueda de justicia para las mujeres, al mismo tiempo que pone en evidencia la necesidad de consolidar las Fiscalías Especializadas en Delitos contra las Mujeres en las 32 entidades federativas del país.
A través de un posicionamiento oficial, el instituto político argumentó que contar con leyes uniformes requiere de instituciones robustas a nivel local para que la justicia sea una realidad transitable. En ese sentido, señaló que la propuesta de la mandataria federal debe complementarse con la estructura ministerial técnica que el propio Congreso ya mandó de forma previa.
El Partido Verde recordó que la consolidación de estos órganos especializados no es una idea aislada, sino una obligación legal vigente. El partido puso de relieve la reforma impulsada por su propia bancada y aprobada por el Congreso de la Unión durante el año 2024. Dicha modificación constitucional y legal estableció las bases para la creación obligatoria de fiscalías dedicadas de manera exclusiva a los delitos de género en cada estado de la República.
De acuerdo con el Partido Verde, el espíritu de aquella reforma de 2024 exige que las fiscalías de los estados cumplan con la creación de fiscalías con personal especializado, protocolos homologados y garantizar en todo momento una atención con perspectiva de género.
La nueva iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum tiene como objetivo prioritario terminar con la disparidad de criterios normativos que impera en los códigos penales estatales. Actualmente, los requisitos para acreditar que un homicidio es un feminicidio varían drásticamente de una entidad a otra, lo que entorpece las indagatorias y facilita que los agresores evadan la acción de la justicia.
El proyecto del Ejecutivo Federal busca establecer criterios idénticos para que cualquier Ministerio Público del país actúe bajo las mismas reglas y presunciones.
Además, la propuesta endurece el castigo contra la violencia feminicida al fijar penas máximas de hasta 70 años de prisión, incorporando también nuevas agravantes aplicables a los victimarios. El Partido Verde calificó estas adiciones punitivas como necesarias para enviar un mensaje de cero tolerancia desde las instituciones del Estado.
Para el PVEM, el éxito de la estrategia nacional contra la violencia de género radica en un binomio indisoluble: un marco legal homologado en la punta de la pirámide y fiscalías locales operativas y eficientes en la base.
El fortalecimiento institucional, explicaron, no solo perfeccionará la calidad técnica de las carpetas de investigación, sino que humanizará el proceso penal, traduciéndose en una atención más profesional, cercana y segura para las víctimas indirectas, como los hijos, padres y familiares de las afectadas.
Finalmente, el Partido Verde enfatizó que robustecer de manera económica y técnica la procuración de justicia local es una inversión indispensable para el tejido social. Sostuvieron que solo a través de ministerios públicos locales capacitados y equipados se logrará la meta de alcanzar el escenario de "cero impunidad", asegurando que ninguna agresión o violencia ejercida en contra de las mujeres mexicanas se quede sin investigar.