Finanzas públicas: ¿está en riesgo el grado de inversión de México?
México enfrenta presión fiscal: deuda en 52.7% del PIB, déficit alto y contracción económica. Mantiene grado de inversión, pero con margen mínimo.
Hay momentos en que los números se convierten en advertencias. México vive uno de esos momentos. Con la deuda neta del sector público en 52.7% del PIB —el nivel más alto desde los años ochenta—, un déficit amplio que cerró 2025 en 4.9% del producto y una economía que se contrajo 0.6% en el primer trimestre de 2026, el país ha llegado al umbral de una conversación que los mercados ya están teniendo, aunque la política fiscal prefiera no sostenerla en voz alta, ¿puede México mantener el grado de inversión? La respuesta, por ahora, es sí. Pero el margen se ha reducido a un solo escalón.
En mayo de 2026 , Moody’s recortó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, situándola en el nivel mínimo del grado de inversión. S&P mantuvo su nota en BBB, pero modificó la perspectiva a negativa, con una advertencia explícita: si en los próximos 24 meses la consolidación fiscal no resulta creíble, la rebaja llegará. Fitch ya había adelantado ese camino en 2020. El país, en consecuencia, opera hoy sin red de seguridad. Un choque adicional —una caída en los precios del petróleo, una recesión en Estados Unidos, una depreciación abrupta del peso— podría ser suficiente para cruzar el umbral que separa la deuda de grado de inversión de la llamada deuda especulativa.
Las implicaciones no son menores. Una eventual pérdida del grado de inversión activaría ventas forzadas por parte de fondos institucionales que operan bajo mandatos de investment grade only, generaría presión sobre el tipo de cambio y encarecería el refinanciamiento de la deuda pública. México forma parte del índice WGBI desde 2010, lo que en su momento atrajo flujos de bonos M por cerca de 14,000 millones de dólares. Salir de ese índice revertiría parte de ese anclaje. El Banco Mundial estima que una rebaja por debajo del grado de inversión implica, en promedio, un incremento de 138 puntos base en las tasas de los bonos gubernamentales. Para una economía cuyo costo financiero de la deuda ya alcanza 4.1% del PIB en 2026 —equivalente a 1.5 billones de pesos—, ese encarecimiento se traduce en menos espacio para invertir, para crecer y para servicios públicos.
El diagnóstico de las calificadoras converge en los mismos puntos: consolidación fiscal demasiado lenta, trayectoria de deuda ascendente, rigidez estructural del gasto y pasivos contingentes asociados a Pemex que el soberano sigue absorbiendo sin un plan creíble de resolución. S&P estima que la deuda neta del gobierno general alcanzará 54% del PIB en 2029. Las propias proyecciones de Banamex la ubican en 56% al cierre de 2027.
Lo que agrava el cuadro es que el deterioro fiscal no ocurre en el vacío. La inversión privada lleva siete trimestres consecutivos en contracción y cayó 6.3% en 2025. La confianza empresarial sigue en zona de pesimismo. El entorno externo —con la revisión del T-MEC en curso y la incertidumbre comercial que proyecta la administración Trump como una herramienta de negociación— no ofrece el respiro que la economía necesita para generar el crecimiento que aliviaría mecánicamente el cociente deuda-PIB.
Banamex proyecta una expansión de apenas 1.3% para 2026 y 1.8% para 2027, ambas por debajo del promedio histórico de 1.9% registrado entre 2000 y 2018. El gobierno ha intentado gestionar la presión con los instrumentos disponibles.
Reactivó los estímulos al IEPS para contener el precio de la gasolina ante el alza del crudo por el conflicto en Oriente Medio, al costo de 15,800 millones de pesos en recaudación no percibida. Es el tipo de decisión que tiene lógica política pero que profundiza el problema fiscal en un momento en que los ingresos petroleros ya son débiles y Pemex produce apenas 1.5 millones de barriles diarios. El gobierno abrió también la puerta al desarrollo de shale gas mediante contratos mixtos con el sector privado, un giro potencialmente relevante en política energética, aunque cuyos beneficios fiscales, si bien posibles, tomarán años en materializarse.
Existen amortiguadores reales: reservas internacionales de 252,000 millones de dólares, una línea de crédito flexible con el FMI por 24,000 millones, un banco central autónomo y tasas de largo plazo que siguen siendo atractivas para los flujos de portafolio. El peso ha mostrado una resiliencia que sorprende a quienes anticipaban un ajuste más severo. Pero esos colchones absorben choques; no sustituyen una estrategia fiscal.
Lo que México necesita es una reforma que amplíe la base tributaria —México recauda apenas 17% del PIB en ingresos no petroleros, frente a un promedio latinoamericano de 21%— y una política de inversión pública que deje de financiarse a través del déficit y empiece a generar retornos. Las calificadoras no esperan indefinidamente, y los mercados, como suele ocurrir, se adelantan a éstas.