México en deuda: este es el costo de crecer poco y gastar mucho
México muestra señales de recuperación económica, pero el crecimiento moderado y el aumento de la deuda elevan la presión fiscal.
La actividad económica da señales de recuperación en abril, pero la deuda pública sigue creciendo y el margen de maniobra del gobierno se estrecha. El reto no es crecer más rápido: es sostener ese crecimiento sin comprometer la estabilidad financiera del país.
Hay buenas noticias para la economía mexicana, pero conviene leerlas con cuidado. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) repuntó 1.0% mensual en abril de 2026, según los estimados oportunos del Inegi, lo que implica un avance anual de 2.1%, una mejora notable respecto al magro 0.5% observado en marzo. Los analistas califican este movimiento como el inicio de un rebote significativo en el segundo trimestre del año. El problema es lo que dejó ver el primero: la demanda interna perdió fuerza de forma preocupante.
Entre enero y marzo de 2026, el PIB cayó 0.6% respecto al trimestre anterior. El consumo privado retrocedió 0.8% y la inversión fija bruta se contrajo 1.9%. Dicho en términos llanos: los hogares gastaron menos y las empresas invirtieron menos. El único componente del gasto que avanzó fue el consumo público, con un alza de 1.6%. Eso no es un dato menor: significa que, en ausencia del gasto gubernamental, el panorama habría sido considerablemente más sombrío. Y ahí está el nudo del problema.
Una pregunta básica a respondere es: el gasto público como sostén, ¿pero a qué costo? Que el gobierno sostenga la actividad económica en momentos de debilidad privada es una función legítima del Estado. El dilema es que México lleva varios años haciendo exactamente eso, y la factura se acumula.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) cerrará 2026 en torno a 60.5% del PIB, frente a 50.7% registrado en 2023. En solo tres años, la deuda pública amplia habrá crecido casi diez puntos porcentuales del producto: un salto que México tardó una década en acumular en el pasado. Detrás de esa aceleración están el déficit fiscal sostenido, el elevado costo financiero de la deuda y el soporte recurrente al pasivo de Pemex, que supera los 100,000 millones de dólares. La combinación crea un círculo vicioso: más deuda genera más intereses, que amplían el déficit, que requiere más deuda.
Para 2027, la trayectoria apunta a 61.6% del PIB. En el argot de las finanzas públicas, esto se describe como un perfil de deuda bajo tensión: crece más rápido que la economía. Las agencias calificadoras —Moody’s, S&P, Fitch— vigilan precisamente estos indicadores. Un deterioro sostenido puede traducirse en rebajas de calificación crediticia, lo que encarece el costo de financiamiento del gobierno. Ya hoy, el rendimiento del Mbono a 10 años ronda 8.95%, según datos de Bloomberg y Banxico. Ese es el costo al que el Estado mexicano se endeuda en el mercado doméstico a largo plazo, una señal de que los mercados no ignoran la acumulación de pasivos públicos.
La ideas es simple: El déficit se reduce, pero la deuda no. Y es que la Secretaría de Hacienda tiene un objetivo de consolidación fiscal: reducir el déficit público amplio de -4.9% del PIB en 2025 a -4.3% en 2026, según el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. El problema es que reducir el déficit no equivale a reducir la deuda cuando el crecimiento económico es insuficiente. Con un PIB que apenas avanzará 1.3% este año —frente al 3.1% de 2023—, el denominador de la razón deuda/PIB crece poco, mientras el numerador sigue aumentando. El resultado aritmético es inevitable: la carga relativa de la deuda se eleva aunque el gobierno gaste con más prudencia.
El problema es que hay una relación compleja entre el tipo de cambio y la presión financiera. A esto se suma la presión cambiaria. El peso se ubica en torno a 17.36 pesos por dólar, con una tendencia de depreciación moderada impulsada en parte por el tono restrictivo de la Reserva Federal estadounidense, cuyo diagrama de puntos de junio reflejó una postura más hawkish de lo esperado. Los mercados de futuros y los análisis de consenso proyectan un tipo de cambio cercano a 17.9 al cierre de 2026. Una moneda más débil encarece el servicio de la deuda externa y presiona el costo de las importaciones, lo que dificulta el control de la inflación, prevista en 4.3% para fin de año según Banxico, por encima del objetivo oficial de 3%.
Pero ahora, ¿qué sigue? El rebote del segundo trimestre es real, pero insuficiente para revertir una dinámica fiscal que se deterioró estructuralmente en los últimos tres años. México necesita crecer más —no a 1.3%, sino al menos al doble— para estabilizar su deuda sin sacrificar la inversión pública. El nearshoring puede ser ese motor transformador, pero para capturarlo se requiere exactamente lo que más escasea: certidumbre institucional, infraestructura y finanzas públicas ordenadas. El repunte de abril es una bocanada de aire fresco. La tarea de fondo apenas comienza.