23.9% de los mexicanos aún no tiene internet: ¿cómo cerrar esta brecha de conectividad?
23.9% de la población en México no tiene acceso a internet. El desafío: cerrar la brecha de conectividad.
En México, el 23.9 por ciento de la población aún no tiene acceso a internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi. Detrás de esa cifra hay regiones donde la infraestructura de telecomunicaciones sigue sin llegar. ¿Cómo cerrar esta brecha de conectividad?
De acuerdo con las últimas estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), alcanzar una cobertura nacional de internet requeriría una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos. La magnitud de ese monto hace inviable que una sola empresa o un solo nivel de gobierno pueda financiar, por sí mismo, esa expansión.
Frente a ese desafío, los pequeños operadores de última milla representan una alternativa para ampliar la cobertura sin requerir nuevas inversiones de gran escala. De acuerdo con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), en México operan alrededor de cuatro mil proveedores de proximidad, entre ellos empresas de internet inalámbrico, cableros locales, operadores móviles virtuales y esquemas híbridos.
La relación entre los pequeños operadores y las grandes empresas de telecomunicaciones es complementaria. Los primeros adquieren capacidad mayorista de los grandes proveedores y la distribuyen entre comunidades, principalmente rurales, donde la cobertura comercial es limitada. Este modelo permite aprovechar la infraestructura existente y que un mismo enlace de 100 Mbps pueda brindar servicio a varias viviendas mediante esquemas de prepago o planes de bajo costo.
La importancia de estos operadores no radica únicamente en su rentabilidad, sino en su capacidad para atender mercados donde las grandes empresas difícilmente invertirían por razones económicas. Gracias a estructuras de costos más reducidas y a su cercanía con las comunidades, pueden ampliar la cobertura de internet en zonas desatendidas y generar un elevado retorno social por cada nueva conexión instalada.
La conectividad digital ha dejado de ser un lujo para convertirse en la puerta de acceso a la educación, la salud, el empleo y la inclusión financiera. En México, el acceso a internet está reconocido como un derecho en el artículo sexto de la Constitución. Cada nueva conexión en una comunidad desatendida representa una oportunidad adicional de movilidad social y desarrollo económico.
La experiencia internacional demuestra que este modelo funciona. En Brasil, más de 10,000 pequeños proveedores atienden actualmente cerca del 60 por ciento del mercado de banda ancha fija, un resultado que ningún operador dominante había logrado por sí solo y que permitió transformar la conectividad rural en apenas 15 años.
En Colombia, cientos de comunidades organizadas operan como sus propios proveedores de internet bajo un marco regulatorio diseñado específicamente para ellas. En ambos países, la clave no fue construir más infraestructura pública, sino fortalecer a los actores locales que ya contaban con presencia y conocimiento del territorio.
México ha comenzado a avanzar en esa dirección mediante la Estrategia Nacional de Pequeños Operadores, impulsada por Promtel. Su objetivo es brindar reglas claras, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de operación para los proveedores de internet de última milla, fortaleciendo así el ecosistema de conectividad en las regiones con menor acceso.
A ello se suma la participación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuya infraestructura ha permitido habilitar más de 100 mil puntos de acceso gratuito a internet en espacios públicos del país. Esta red complementa los esfuerzos para ampliar la conectividad y facilita que más personas accedan a servicios digitales esenciales.
Conectarse a internet tiene un valor que trasciende la tecnología: representa mayores oportunidades de educación, empleo, inclusión financiera y desarrollo. Fortalecer a los pequeños operadores no debe entenderse como un gasto asistencial, sino como una de las inversiones con mayor retorno social e incluyente para el país.