Inflación baja y peso estable, pero la economía mexicana crece poco: ¿por qué?
Inflación en mínimos y peso estable, pero México crecerá sólo 1.3% este año. ¿Qué frena a la economía?
La inflación cayó a 3.10% anual en la primera quincena de julio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. El peso cotiza con notable estabilidad frente al dólar, respaldado por un diferencial de tasas de interés que sigue siendo atractivo para los mercados internacionales. Y aun así, la economía apenas proyecta crecer 1.3% este año, una cifra que, comparada con el 3.1% de 2023, revela cuánto terreno se ha perdido.
La clave para entender esta divergencia está en una palabra que los economistas usan con creciente frecuencia: incertidumbre. Y en México, la incertidumbre no llega de una sola dirección.
Desde el exterior, la renegociación del T-MEC avanza con lentitud sobre los temas más sensibles —las reglas de origen automotrices siguen sin resolverse—, mientras la administración Trump anuncia nuevos aranceles de 10% sobre importaciones de alrededor de 60 países, México incluido, bajo el argumento del trabajo forzado. El mismo gobierno amenaza con aranceles de 50% a productos canadienses y hasta 100% sobre medicamentos genéricos para 2028.
Para una economía cuyas exportaciones se proyectan en 714 mil millones de dólares en 2026, y cuyo acceso al mercado estadunidense es su principal palanca de crecimiento, este ambiente de volatilidad arancelaria no es un ruido de fondo: es una variable que encarece las decisiones de inversión y acorta los horizontes de planeación empresarial.
Desde el interior, el legado de la administración anterior pesa sobre la confianza. La concentración de poder y el debilitamiento institucional que caracterizaron a ese periodo dejaron cicatrices profundas en la percepción de riesgo del sector privado. La inversión fija bruta cayó 6.7% en 2025, el peor desempeño en años no pandémicos.
Para 2026 se anticipa una recuperación modesta de apenas 1.5%, lo que subraya que el regreso de la confianza empresarial es un proceso gradual, no un interruptor que se activa con un cambio de gobierno.
Desde el exterior, el frente comercial concentra la mayor parte de la presión. La revisión formal del T-MEC, activada el 1 de julio de 2026, enfrenta su negociación más delicada en el capítulo automotriz: Estados Unidos exige un endurecimiento de las reglas de origen —hoy fijadas en un contenido regional mínimo de 75% y un umbral de valor laboral de 40-45% producido por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora— y busca reducir la dependencia de insumos de origen chino dentro de las cadenas productivas norteamericanas.
La administración Trump anunció aranceles de 10% sobre importaciones de más de 60 países, México incluido, bajo el argumento de una aplicación insuficiente de las prohibiciones sobre trabajo forzado.
El impacto inmediato es acotado —cerca del 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos siguen ingresando libres de arancel al amparo del T-MEC—, pero el efecto sobre la confianza empresarial es más difuso y potencialmente más costoso: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que, en un escenario de ruptura del tratado, los aranceles sobre bienes que no cumplan las nuevas reglas de origen podrían escalar entre 10 y 25%.
Para una economía con exportaciones proyectadas en 714 mil millones de dólares en 2026, en la que el sector manufacturero es el motor principal, la sola posibilidad de ese escenario basta para acortar los horizontes de inversión.
Esta dinámica tiene consecuencias directas sobre la relación entre el sector público y el privado. El Estado, presionado por compromisos de gasto heredados y la necesidad de sostener proyectos de infraestructura, enfrenta un déficit público amplio de 4.3% del PIB y una deuda bruta que escala hacia 60.5% del producto. La intención declarada de consolidación fiscal es necesaria para preservar el grado de inversión crediticia, pero implica un margen de maniobra más estrecho precisamente cuando la economía más necesitaría estímulo público.
El sector privado, por su parte, responde como suele hacerlo ante la incertidumbre: postergando. La inversión no se destruye, se difiere. Y cada trimestre que transcurre sin que se resuelvan los contornos del T-MEC, o sin que se consolide la independencia de las instituciones regulatorias, es un trimestre en que el nearshoring —la gran promesa estructural de México como receptor de cadenas productivas que buscan diversificarse de Asia— convierte su potencial en inversión real a un ritmo más lento del posible.
El dato del PIB del segundo trimestre, que se publicará el 30 de julio, podría marcar un punto de inflexión narrativo: se espera un avance de 2.3% anual, el mayor en varios trimestres. Pero un solo dato no hace una tendencia. México necesita que la incertidumbre ceda en ambos frentes —el externo y el institucional— para que la inversión privada, el consumo y las exportaciones puedan actuar en conjunto, no como relevos de emergencia sino como motores simultáneos. Hasta entonces, la economía seguirá avanzando con mesura, con resiliencia, y con la cautela de quien sabe que el camino aún tiene tramos por despejar.