Inmobiliarios rechazan tope a rentas por inmueble en Ciudad de México
EL G9 ES un grupo de cámaras empresariales en la Ciudad de México, que Aglutina a todos los sectores de la industria de consumo, de la construcción, entre otros: Carlos Valladares, socio de la ADI.
El Grupo G9 de cámaras empresariales de la Ciudad de México rechazó los términos de la iniciativa de "Ley de Relaciones Inquilinarias" enviada por el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso local el pasado 14 de octubre. La propuesta legal busca limitar el valor de los alquileres mediante un esquema de indexación al índice inflacionario vinculado de forma permanente al inmueble y no al contrato firmado entre las partes.
Carlos Valladares, socio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y vicepresidente ejecutivo de Urban Hub, explicó en entrevista con Darío Celis Imagen Radio las implicaciones de esta iniciativa para los inquilinos y propietarios de viviendas:
"Lo que esta ley hace, que no lo han mencionado realmente en foros, es indexar este tope no a cada relación jurídica o a cada arrendatario, sino al inmueble mismo. Y cuando lo indexas estás hablando de que hay una renta topada en términos reales a perpetuidad".
El especialista explicó que la legislación vigente en la capital establece que el incremento anual del costo del arrendamiento no puede superar la tasa de inflación registrada por el Banco de México. No obstante, el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza que al término de un contrato se puedan pactar libremente nuevos montos entre el arrendador y los nuevos inquilinos.
Sin embrago, detalló que con la iniciativa en revisión, la fijación del precio quedaría restringida, aún cuando cambie el arrendatario, eliminado la libertad de negociación contractual.
"Esta ley controla el precio e impone una mayor carga administrativa. Al final del día la solución a la problemática es ampliar la oferta de la vivienda en renta, que es sobre lo que trata esta ley, y facilitar su desarrollo" declaró.
Impacto en la oferta habitacional
Además, explicó que el déficit habitacional de la Ciudad de México se calcula entre 700 mil y 800 mil viviendas, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza más de 8 millones de inmuebles requeridos. La edificación formal en la capital registra un promedio de 8 mil unidades anuales, un volumen insuficiente para cubrir la demanda proyectada por los sectores de la población desplazados.
"El problema de fondo es que faltan alrededor de 700 a 800 mil viviendas solo en la Ciudad de México. A nivel nacional estamos hablando de más de 8 millones de viviendas que faltan".
Y señaló que en el caso especifico de la Ciudad de México, se construyen no más de 8 mil viviendas al año; por lo que según se perspectiva no hay ninguna ley de precios que por por sí sola pueda construir y cubrir esa demanda de vivienda.
No obstante, Carlos Valladares concluyó resaltando que el sector privado, agrupado en el G9, coincide con la postura del gobierno capitalino en la necesidad de analizar las causas del encarecimiento y la escasez del espacio habitable. Pero argumenta que la imposición de controles administrativos reduce el número de propiedades disponibles en el mercado formal.
Aunque también menciona que aún hay espacio de soluciones ya que el Congreso capitalino habilitó mesas de parlamento abierto, que se llevarán a cabo del 6 al 17 de noviembre, fijando como fecha límite para el dictamen en comisiones el 23 de diciembre.