Denuncias perfilan patrón de presión económica; en torno a la familia de María Elena Ríos Ortiz
Expedientes de la Fiscalía de Oaxaca, además de los revelados ayer por Excélsior, exhiben acusaciones por presunta extorsión, lesiones y falsedad en declaraciones, entre otras
La familia de la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, originaria de Santo Domingo Tonalá, en Huajuapan de León, región mixteca, ha sido señalada por presuntos patrones de extorsión, de acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Oaxaca.
Habitantes de su comunidad también han referido antecedentes familiares relacionados con conflictos, precariedad económica y señalamientos por actividades ilícitas.
Con base en información contenida en denuncias ministeriales, los señalamientos apuntan a un presunto esquema de presión económica mediante acusaciones, amenazas y exigencias de dinero.
Los casos referidos involucran principalmente a Silvia Ríos Ortiz, hermana de la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, aunque también se mencionan episodios relacionados con la propia familia.
Uno de los primeros antecedentes documentados corresponde a la denuncia ratificada por José Manuel contra Silvia Ríos Ortiz, a quien señaló por presuntas lesiones, falsedad en declaraciones o informes dados a una autoridad distinta a la judicial, extorsión y otros delitos.
El denunciante declaró que el 27 de septiembre de 2011 fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, presuntamente a petición de Silvia Ríos Ortiz, con quien dijo haber sostenido una relación de concubinato.
Según su testimonio, horas antes de la detención ambos tuvieron una discusión. José Manuel afirmó que fue agredido físicamente por la mujer y que, durante el altercado, ella le habría dicho: “Qué te importa, te vale madre, es mi vida, tú ya no me importas desde hace mucho tiempo”.
También señaló que recibió una amenaza directa: “Vas a ver, te va a cargar la chingada”.
Sostuvo que, después de esos hechos, un abogado habría buscado a sus familiares para solicitarles 150 mil pesos a cambio de evitar que Silvia Ríos Ortiz presentará una querella en su contra. Al no realizarse el pago, se promovió una denuncia que él calificó como falsa.
Otro episodio señalado ocurrió después de la agresión con ácido sufrida por María Elena Ríos. Derivado de la información referida en las denuncias, Silvia Ríos acusó a una joven, contratada meses antes para realizar limpieza en su domicilio, de haber robado un lote de alhajas.
La acusación, de acuerdo con los testimonios aportados, involucraba diversos objetos de oro valuados en aproximadamente 78 mil pesos. Sin embargo, personas cercanas a la familia habrían señalado que dichas joyas no existían o que, al menos, nunca fueron vistas por quienes frecuentaban el domicilio.
La joven acusada también habría enfrentado adeudos por varios meses de trabajo. Posteriormente, ella y su familia denunciaron presuntas amenazas y actos de presión para obligarlos a pagar el monto atribuido al supuesto robo.
Este caso derivó en una denuncia por extorsión presentada en diciembre de 2020, en la que se señalaron presuntas exigencias económicas y amenazas contra la trabajadora y sus familiares.
A estos antecedentes se sumó el conflicto público entre María Elena Ríos Ortiz y el actor Tenoch “H”. La saxofonista lo acusó de violencia sexual y emocional, además de señalarlo por stealthing, práctica que consiste en retirar el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual.
El actor negó los señalamientos. En ese contexto, versiones cercanas al caso afirmaron que antes de hacer públicas las acusaciones habría existido un intento de presión económica para evitar la difusión del caso, aunque esa versión no cuenta hasta ahora con una resolución judicial firme que la confirme.
Controversia
Las denuncias y señalamientos han abierto una línea de controversia sobre el uso público de causas personales y legales por parte de la familia Ríos Ortiz. Mientras María Elena Ríos mantiene su posición como víctima de un ataque con ácido, otros expedientes y testimonios han sido utilizados por sus críticos para cuestionar la conducta de su entorno familiar.
En el ámbito económico, también ha sido referido el apoyo otorgado por el gobierno de Oaxaca a María Elena Ríos para su atención médica. La cifra mencionada públicamente asciende a aproximadamente 2.7 millones de pesos, destinados a tratamientos, medicamentos y asistencia derivada de las lesiones sufridas tras la agresión. Posteriormente, el retiro o modificación de ese apoyo generó un conflicto mediático y legal entre la activista y la administración estatal.
Desde el 23 de junio, Excélsior buscó a María Elena Ríos para obtener su versión de los hechos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.