Se deslinda empresa de pipa que explotó en carretera México-Veracruz

La empresa Transportes Rapid Marvat se deslindó formalmente de la propiedad y operación de la pipa que estalló el pasado miércoles en la carretera federal México–Veracruz, una conflagración que colapsó la conectividad en el oriente del país y encendió las alertas en el estado de Tlaxcala. Mediante un posicionamiento institucional, la firma transportista rompió el silencio tras haber sido señalada en diversos reportes preliminares como la encargada de la unidad pesada, aclarando ante la opinión pública que "la empresa precisó que la pipa que explotó en esa vía no es de su propiedad y que no existe ninguna relación con la unidad involucrada en los hechos".

El percance vial, catalogado como de alta prioridad por los cuerpos de rescate regionales, ocurrió específicamente a la altura del municipio de Hueyotlipan, donde un tractocamión acoplado a un contenedor de combustible sufrió un fuerte impacto que derivó en una explosión masiva e incendios subsecuentes. Ante los señalamientos mediáticos y policiales que apuntaban de forma directa a sus activos, los representantes legales corporativos salieron a desmentir las versiones, remarcando que a través de un "comunicado difundido este jueves, la compañía rechazó la información que la relaciona con el siniestro" vial de magnitudes mayores.

La gravedad del estallido obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos de dicha arteria federal, lo que detonó una intensa movilización de bomberos, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de Protección Civil estatal para sofocar el fuego. Mientras las autoridades periciales continúan recabando indicios en la zona del desastre para determinar las causas exactas que originaron el choque y posterior detonación del hidrocarburo, los directivos de la organización privada buscaron mantenerse al margen de las especulaciones mediáticas, puntualizando de manera enérgica que es incorrecto que "se les señalara como responsables del vehículo siniestrado" de forma totalmente errónea.

En este escenario de tensión legal y operativa, el consorcio empresarial manifestó su postura de apertura frente a las investigaciones ministeriales que ya integran las autoridades locales, manifestando un estricto apego al marco legal vigente. La firma enfatizó que la responsabilidad penal o civil sobre el siniestro debe ser adjudicada con base en peritajes técnicos oficiales e irrefutables, señalando de forma textual que "corresponde a las instancias competentes el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de las responsabilidades correspondientes".

El siniestro ocurrido el pasado 1 de julio sobre la carretera México–Veracruz mantiene bajo la lupa la regulación del transporte de materiales peligrosos en la red carretera del centro del país, debido al alto riesgo que representan estos incidentes para las comunidades aledañas. Con el fin de no interferir en las indagatorias técnicas, los voceros de la compañía decidieron limitar sus declaraciones públicas únicamente al documento oficial, espacio en el cual la organización "reiteró su respeto por las autoridades encargadas de las investigaciones" ministeriales que buscan dar certidumbre tras la catástrofe que paralizó al transporte de carga.