Airbnb se convirtió en un negocio depredador de vivienda; así afecta a México
Airbnb ya controla el 59% de los municipios en México, y ha sacado del mercado tradicional a más de 254 mil viviendas para convertirlas en hoteles clandestinos
El derecho a la vivienda en México enfrenta su mayor amenaza corporativa. Lo que inició como una plataforma de economía colaborativa para “compartir el hogar”, se ha transformado en un agresivo modelo de depredación inmobiliaria.
El informe Gol de Airbnb: así es como la plataforma expande su negocio en México, del proyecto activista Inside Airbnb que publica Quinto Elemento Lab, muestran datos inéditos que la plataforma ha escondido por años: esta transnacional ya opera en mil 455 municipios del país, lo que representa 59% del total nacional. Esta expansión desmedida, cobijada por la especulación de cara a eventos masivos como el Mundial de futbol, ha sacado del mercado tradicional más de 254 mil viviendas para convertirlas en hoteles clandestinos, profundizando una crisis de habitabilidad que expulsa a los ciudadanos de sus propios barrios, impulsando fuerte la gentrificación.
En México, los anfitriones con sólo uno o dos anuncios, aunque representan 81 por ciento del total de los propietarios, administran 44 por ciento de los alojamientos disponibles. El 33 por ciento de los alojamientos pertenece a anfitriones con entre tres y nueve anuncios en la plataforma. El 23 por ciento restante de las unidades de hospedaje es administrado por anfitriones con al menos 10 alojamientos cada uno, y ellos representan apenas 2.5 por ciento del total de anfitriones.
Muchas de estas personas físicas y morales no son dueñas de los inmuebles, sirven como intermediarios y administradores de los hospedajes para que cualquier inversionista pueda comprar propiedades y ganar dinero rentándolas sin preocuparse por su limpieza, mantenimiento, o incluso sin haberlas visitado nunca, algo riesgoso.
Al respecto, Murray Cox, fundador de Inside Airbnb, señala con severidad la mutación de este esquema al advertir que “Airbnb se ha convertido en una herramienta económica para incentivar la conversión de viviendas en alojamiento turístico”, un proceso que prioriza el rendimiento de capital extranjero sobre el tejido social de las comunidades locales.
Según el informe, Airbnb puso en marcha su jugada mundialista: incentivos de 750 dólares para convencer a personas que viven en alguna de las 16 ciudades sede en México, Canadá y EU para que transformen su vivienda en un alojamiento temporal.
Así colapsan los barrios con Airbnb
La saturación ha alcanzado niveles críticos donde el espacio público y la identidad comunitaria simplemente desaparecen. Existen 138 colonias en territorio mexicano donde el número de anuncios en la plataforma supera al total de viviendas reales registradas por el Inegi en su censo de 2020, una anomalía matemática y social que devasta a zonas como la Zona Dorada de Mazatlán o el Centro de Los Cabos. En la Ciudad de México, el epicentro de este desplazamiento es la colonia Roma Norte, que registra dos mil 797 alojamientos tecnológicos.
Ante este escenario de despojo, la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, justificó las recientes restricciones locales y la prohibición de la app en áreas residenciales exclusivas al declarar: “En Playa del Carmen creemos en el turismo y en la inversión, pero también creemos en el derecho de las familias a vivir en comunidades ordenadas, seguras y con calidad de vida. La regulación de las rentas vacacionales busca equilibrar ambos intereses”.
El impacto económico de esta actividad no se limita al pago de la renta; genera una onda expansiva de inflación que encarece la vida cotidiana del ciudadano común, destruyendo comercios locales para sustituirlos por franquicias orientadas al turismo de alto poder adquisitivo.
¿Cómo resisten los barrios la gentrificación?
El informe señala que la gentrificación inducida por estas plataformas altera las variables macroeconómicas de las ciudades, provocando que los prediales y los servicios públicos se vuelvan impagables para los residentes originarios.
Patricia Olivera Martínez, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM, detalla la mecánica de este desahucio financiero al explicar que “esta cadena inicia con la elevación del precio del suelo, eso sube los impuestos de catastro, lo cual aumenta el precio de los alquileres. Los propios residentes deciden vender o alquilar (...) La vida dentro de estos sitios se encarece muchísimo y eso genera desplazamientos”.
El gobierno de la Ciudad de México implementó un padrón obligatorio que topa a tres el número de propiedades por anfitrión y restringe las noches de ocupación anual, una regulación que la firma estadunidense intentó frenar mediante amparos.
La trascendencia de este litigio es histórica: la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el pasado 5 de marzo analizar un recurso legal para determinar si la Ciudad de México puede limitar el número de días que las personas rentan sus propiedades y cuántas pueden tener en la plataforma, un veredicto que sentará un precedente definitivo para estados como Jalisco y Oaxaca, que ya alistan legislaciones similares para frenar el acaparamiento empresarial.
La complicidad de la planeación urbana con este modelo de negocios completa el ciclo de exclusión, transformando la infraestructura pública en un activo al servicio de las plataformas digitales.
